La Guardia Civil, a instancias de la alcaldesa, desalojó el pasado día 4 de noviembre de las dependencias del Ayuntamiento a la Junta Directiva de la Asociación de Jubilados Santiago Apóstol.
La asociación de mayores había solicitado el pasado 26 de octubre de 2009 uno de los salones del Centro Social Polivalente para celebrar una de sus actividades. En concreto querían realizar una pequeña merienda (chocolate con churros) el próximo sábado 14 de noviembre.
La alcaldesa les ha remitido un documento (con fecha de salida 2/11/2009 en el registro del Ayuntamiento), en el que les informa que no les concederá el uso del Salón hasta que la Junta directiva de la Asociación de Jubilados, no le facilite los datos personales de los integrantes de esta agrupación.
La Junta Directiva acudió entonces al Ayuntamiento el pasado miércoles día 4 de noviembre por la mañana, a solicitar una cita con la alcaldesa. En ese instante ella les dijo que no los recibía y que “quizás por la tarde” podrían entrevistarse. Al llegar la tarde y no recibir la llamada a la que la alcaldesa se había comprometido por la mañana, la Junta directiva de la Asociación Santiago Apóstol, se personó en el Ayuntamiento para hablar con ella (ya que el miércoles por la tarde es día de atención al público). En ese momento, la alcaldesa se negó nuevamente a hablar con ellos y llamó a la Guardia Civil para que los desalojara del Ayuntamiento.
Con esta actitud, la alcaldesa y su equipo de gobierno niegan a esta asociación de jubilados, derechos fundamentales recogidos en la Constitución Española como son el derecho de reunión y asociación, ya que les impiden acceder al local que necesitan para el desarrollo normal de sus actividades. Tampoco respetan las libertades individuales de los mayores asociados, ya que les “obligan” a facilitar sus datos personales y privados como requisito imprescindible para autorizarles el uso de un local público del Centro Social Polivalente.
En este punto creemos necesario recordar a la alcaldesa, aunque debería conocer la legislación vigente, que la Ley de Protección de Datos impide hacer públicos los nombres, direcciones o situaciones personales de los integrantes de una Asociación. Por lo que se presupone que también debe ser ilegal la petición de dichos datos por parte de terceros.
Desde el Partido Popular de Cuerva entendemos que esta forma de actuar viene condicionada, como en otras ocasiones, por sentimientos revanchistas (odios y rencores) del equipo de gobierno.
El Partido Popular hace una apuesta de futuro: nuestro pueblo no puede continuar en esta situación. De ahora en adelante, trabajaremos para que todos los corvanchos puedan recuperar la libertad de expresión. Es lamentable que en pleno siglo XXI todavía debamos luchar por garantizar este derecho fundamental. Solo en libertad, podremos recuperar la tranquilidad y la verdadera convivencia entre vecinos ya que, independientemente de las ideas políticas de cada uno de ellos, siempre debe prevalecer el respeto. Lucharemos igualmente por desterrar actuaciones propias de regímenes autoritarios a los que, por desgracia, este “equipo de desgobierno” nos tiene ya acostumbrados.
Es posible que en la actualidad algunas personas aún no se hayan visto involucradas en las maniobras orquestadas por el equipo de gobierno, pero quizás en el futuro puedan verse perjudicadas. Por esta razón apelamos a la solidaridad de todos los vecinos del pueblo con la Asociación de Jubilados Santiago Apóstol.